Desde mediados de los 80, varias organizaciones y personas que habían conocido iniciativas de comercio justo en América Latina, Asia, África y en otros rincones de Europa empiezan a desarrollarlo en nuestro país abriendo tiendas, creando entidades importadoras y realizando acciones de sensibilización y difusión.

A todas ellas les mueve el compromiso de luchar contra la pobreza y las desigualdades y ven en el comercio justo un modelo económico alejado de la visión caritativa, sino centrado en los derechos de las personas y la protección del medio ambiente. Un modelo que genera importantes cambios en las comunidades productoras.

En 1996, 17 de estas organizaciones se agrupan en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo para aunar esfuerzos y potenciar este movimiento de la Economía Solidaria que, en ese momento, apenas es conocido en nuestro país.

En estos primeros años, el comercio justo en el Estado crece en ventas, presencia y visibilidad, sensibilización social, relación con otros movimientos, etc. Este crecimiento discurre paralelo al del movimiento internacional de comercio justo, hoy presente en más de 70 países y conformado por más de 2,5 millones de personas productoras, que luchan así por una mayor justicia global en lo económico, social, humano y medioambiental, y consolidan este modelo comercial de la Economía Solidaria.